Karla Díaz 

Coordinadora del programa Gobernanza Territorial 

Colombia es el país de los planes; cada resultado, acuerdo, compromiso se mide en la creación de un nuevo plan, por lo general costoso. En materia de cambio climático, los compromisos climáticos se buscan operativizar en los territorios, a través de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT), los cuales se deben articular con otros planes, los de ordenamiento territorial, ambiental y planeación del desarrollo, para orientar efectivamente los modelos de ocupación, usos del suelo y desarrollo. Sin embargo, esto no sucede así y el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de El Doncello – Caquetá lo ejemplifica.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1931 de 2018, Instrumentos municipales y distritales. 

Las autoridades municipales y distritales deberán incorporar dentro de sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, la gestión del cambio climático, teniendo como referencia los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGGCT).

En efecto, el PLAN que permite identificar, evaluar, priorizar y tomar medidas relacionadas con el cambio climático a nivel departamental son los PIGCCTs, los cuales buscan generar una sinergia entre los sectores públicos, productivos y sociales para consolidar una visión de desarrollo sostenible. Las gobernaciones son los actores llamados a guiar, dinamizar y hacer seguimiento a la implementación de estos planes. A las gobernaciones se suman representantes de organizaciones sociales campesinas, étnicas, de mujeres, jóvenes, el sector productivo y otros sectores que se consideran fundamentales para lograr este objetivo en los subnodos de cambio climático.

Aquí las alcaldías entran a jugar un rol importante, pues son quienes tienen la mayor responsabilidad, en términos de aterrizar las acciones y propuestas de estos planes. Sin duda un escenario de gobernanza interesante y de articulación entre entidades territoriales necesario, por lo menos en el papel.  

El PIGCCT del Departamento del Caquetá fue aprobado mediante Decreto 00166 de 2021, su formulación estuvo en cabeza del Instituto Sinchi. De acuerdo con el informe de gestión de esta entidad del año 2020, la elaboración de este plan se enmarca en un convenio de cooperación con PNUD denominado “Conectividad y conservación de la Amazonía”, por

un monto de $4.165.681.661. De aquí se sacó el recurso para el PLAN, su implementación está desfinanciada, según la Gobernación del Caquetá.

Siguiendo con el instrumento, èste propone cinco ejes estratégicos estructurales y un eje transversal: 

• Plan de acción para el eje transversal de gobernanza climática territorial
• Plan de acción para el eje agua y sustentabilidad hídrica territorial.
• Plan de acción para el eje ecosistemas andinos y amazónicos resilientes.
• Plan de acción para el eje mujer, diversidad e interculturalidad.
• Plan de acción para el eje economías diversas climáticamente inteligentes.
• Plan de acción para el eje entornos humanos climáticamente resilientes.

Los ejes de PIGCCT se agrupan en 20 medidas de mitigación, adaptación y gestión del riesgo asociado al cambio climático, entre los que se encuentran 103 acciones que tiene entre sus responsables a las alcaldías. Ahora, veamos cuántas de estas acciones desarrolla el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de El Doncello, aprobado hace un par de meses.

En primer lugar, es importante mencionar que el EOT analizado no contempla un acápite que haga referencia al cumplimiento de medidas del PIGGT de Caquetá, lo que dificulta encontrar relaciones, esto deja intuir que no lo implementa en sentido estricto.  No obstante, sí incluye una estrategia vinculada a la implementación de la sentencia 4360 de 2018 denominada “Fortalecimiento de las instituciones y comunidades que controlen las dinámicas de deforestación, que permita el seguimiento y monitoreo de los escenarios de cambio climático que contribuyan a la gestión integral de los bosques”, que podría ser la aplicación de acciones para mitigar el cambio climático.

Esta estrategia contempla las siguientes acciones: i) 120 docentes rurales capacitados en temas ambientales y adaptación al cambio climático, ii) 6.000 ha. restauradas como aporte al proceso de adaptación al cambio climático (10% del total), iii) 20 hectáreas recuperadas en el área urbana, iv) 12 acciones de formación y educación ambiental, v) 12 proyectos de innovación agropecuaria sostenible financiados.

En estas acciones no es claro cómo se fortalecen las capacidades institucionales y comunitarias para controlar la deforestación, hacer seguimiento y monitorear los escenarios de cambio climático, son medidas muy cortas en su alcance, teniendo en cuenta los 12 años de vigencia del instrumento. 

En otros casos, no es claro el alcance de las medidas por la ausencia de línea base, por ejemplo, se propone un proyecto para sanear el suelo de protección rural para aumentar la resiliencia al cambio climático, y como meta establece financiar 100% de proyectos. En este caso, no se sabe el número de proyectos sobre el que se establece el 100% o si estos son predios en áreas de protección o qué tipo de proyectos son. El seguimiento y valoración del cumplimiento de este tipo de medidas es muy difícil.

Otro ejemplo de la incompatibilidad en los modelos de planeación se encuentra en la reducción del alcance de la acción climática. En este caso, el PIGCCT en la medida 1.2 sobre protección de fuentes hídricas propone:

En este ejemplo, el componente participativo se borra de tajo en el EOT del Doncello. De hecho, el EOT del Municipio de El Doncello no cuenta con ninguna iniciativa con enfoque de género, étnico o realmente participativo; el eje mujer, diversidad e interculturalidad que es una ganancia de los movimientos sociales en la acción climática, es totalmente desconocido. Un retroceso sin duda en lo que respecta a la gobernanza climática de la que tanto se habla en los planes y en eventos.

En definitiva, este caso evidencia los verdaderos retos para la materialización de las decisiones de cambio climático que se adoptan en la COP, en las mesas nacionales, comisiones de expertos y otros espacios que proponen la ampliación de la ambición, pero que en los municipios es papel muerto. 

Actualmente no existe información certera sobre el grado de implementación de medidas, más allá de políticas formuladas, planes diseñados y estrategias presentadas; indicadores fáciles de medir, pero poco costo-efectivos, teniendo especialmente en cuenta los costos de las consultorías. Este tipo de indicadores no hablan mucho de lo que realmente se está haciendo. El país debe avanzar en directrices claras, concretas de implementación de los instrumentos que materializan los compromisos climáticos, que permitan luego establecer valoraciones del nivel de implementación; así como diseñar y ejecutar mecanismos de seguimiento y evaluación para que, por ejemplo, antes o durante la revisión de la autoridad ambiental, se realicen evaluaciones de articulación de los instrumentos, previo a su promulgación.